Un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado no culpable a dos acusados, un hombre de nacionalidad ucraniana y a una mujer de origen panameño, del asesinato de un ciudadano colombiano, cuyos ejecutores dispararon en su propio domicilio tras mantener una discusión en el marco de un vuelco de drogas.
Tras quedar visto para sentencia el juicio, el tribunal de jurado ha emitido hoy su veredicto declarando no culpable a los encausados conforme al principio 'in dubio pro reo' ante las dudas sobre la culpabilidad tras valorar las pruebas del juicio.
Ambos acusados ahora exonerados se enfrentaban a una pena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Al hombre se le acusaba también de un delito de tenencia ilícita de armas, por el que se pedían otros dos años de cárcel.
En el juicio, el acusado negó cualquier vinculación con el crimen, con la víctima y con un vuelco de droga. En cambio, la mujer manifestó que ese día se encontraba con él para robar la droga a la víctima y que portaba una pistola sin que ella tuviera conocimiento, atribuyéndole el asesinato.
La defensa del acusado, el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo, ha explicado , que al año de la investigación policial se atribuyó a su cliente la autoría de los disparos al ser el usuario del teléfono que llevaba el tirador. Además, ha apuntado que la mujer manifestó durante la investigación que la Policía le dijo que si señalaba al otro encausado tendría beneficios.
En su escrito, el fiscal recogía que, sobre las 16:15 horas del 3 de septiembre de 2018, la pareja acudió al domicilio que la víctima tenía en el distrito de Usera donde tras producirse una discusión entre los dos hombres el acusado, "con intención de causarle la muerte" y de forma "sorpresiva" sacó una pistola y mientras la mujer agarraba a la víctima, le disparó en dos ocasiones dándole en el abdomen.
A consecuencia de los disparos, sufrió shock hipovolémico con fallo multiorgánico, por herida abdominal con arma de fuego con afección intestinal renal y retoperitoneal, que le causó la muerte.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclamaba a los acusados 50.000 euros para la madre del fallecido y otros 20.000 para su hermana por los daños morales causados a raíz del asesinato.