El juez archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid en el caso Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decretado este jueves el sobreseimiento libre de las actuaciones contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el marco del conocido como caso Begoña Gómez. La decisión llega tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que su imputación se basó en "meras suposiciones" y carecía de indicios mínimos de responsabilidad.

El juez ha atendido así el pronunciamiento del tribunal provincial, que instó a dejar sin efecto la condición de investigado para Martín Aguirre, quien fue imputado el pasado mes de mayo a raíz de una querella presentada por VOX. En aquel momento, Peinado le citó por un supuesto delito de malversación de caudales públicos vinculado a la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del Presidente del Gobierno, desde su cargo como secretario general de la Presidencia en julio de 2021.

La Audiencia Provincial, en una resolución dictada a principios de diciembre, estimó los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, señalando que no existía ningún indicio que acreditase que Martín Aguirre conociese o participase en una actuación irregular. Según los magistrados, no consta que supiera que la asesora estuviera excediéndose en sus funciones por indicación de Begoña Gómez.

Los jueces subrayan que la querella de Vox no aportaba pruebas ni justificaba que Aguirre tuviera funciones de fiscalización sobre el cargo de confianza de la asesora. Añaden que la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente "está fuera de toda duda", y que la instrucción debía centrarse exclusivamente en si hubo un exceso en el ejercicio de esas funciones por parte de la propia Álvarez.

El archivo se produce después de que la Fiscalía solicitase el fin de la investigación para Martín Aguirre, considerando "incomprensible" su mantenimiento como imputado tras la exoneración de Judith González, actual secretaria general de la Presidencia y sucesora en el cargo. Tanto las defensas de Begoña Gómez como de la propia asesora se sumaron a los recursos, que finalmente han prosperado.

Pese a esta decisión, el caso continúa su curso respecto a Begoña Gómez, única persona a la que el juez Peinado imputa los cinco delitos investigados: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. El instructor mantiene abiertas las diligencias para esclarecer si la actuación de Gómez supuso un aprovechamiento de su posición para obtener beneficios privados en el marco de su actividad pública.