Granados se desmarca de las contrataciones del 'caso Púnica' y alega que los hechos están prescritos

La defensa del ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado este lunes ante la Audiencia Nacional que su representado “no tuvo ningún tipo de participación” en las presuntas adjudicaciones irregulares investigadas en la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica, que analiza la contratación de eventos festivos en varios municipios madrileños entre 1999 y 2013.

Durante la primera sesión del juicio, el abogado Javier Vasallo ha solicitado que la causa se remita a los juzgados territoriales, en concreto a la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos que, además, en su opinión, estarían ya prescritos. “La primera imputación formal se produce 17 años después de que Granados dejara de ser alcalde de Valdemoro”, ha argumentado el letrado, quien sostiene que han transcurrido sobradamente los diez años establecidos por la ley para que opere la prescripción penal.

Acusaciones centradas en ayuntamientos del sur de Madrid

La pieza que ahora llega a juicio investiga supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Waiter Music para la organización de festejos populares en municipios como Móstoles, Moraleja de Enmedio, Algete, Valdemoro y Ciempozuelos. La Fiscalía acusa a un total de 16 personas, entre ellas varios exalcaldes y cargos municipales, y solicita penas de entre dos y seis años de prisión por delitos como prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La defensa de Granados ha rechazado cualquier vínculo con las decisiones de contratación, incluso en Valdemoro, municipio que gobernó entre 1999 y 2003. “Lo único que se le imputa es ser amigo de un concejal, José Miguel Moreno, que organizaba los festejos”, ha sostenido Vasallo. El abogado ha denunciado que el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, se habría desentendido del fondo de la cuestión, remitiendo la causa a juicio pese a no atribuir participación directa al exdirigente popular.

Contratos amañados y servicios paralelos no facturados

El auto de procesamiento describe una presunta mecánica de adjudicaciones predeterminadas a favor de José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, fallecido en 2020. Según el juez, los expedientes administrativos eran elaborados de forma que la empresa resultara siempre beneficiada, ya fuera directamente o a través de sociedades vinculadas. Además de organizar verbenas y eventos locales, Huerta habría prestado servicios paralelos no facturados, solicitados por responsables políticos del PP para actos internos o incluso celebraciones privadas.

En 2003, la empresa ya acumulaba contratos por más de un millón de euros en distintos municipios madrileños, destacando Valdemoro (773.186 euros), Móstoles (262.000 euros) o Moraleja de Enmedio (104.565 euros). El vínculo con las administraciones locales se habría mantenido de forma sostenida hasta 2013.

El juez también documentó facturación por parte de Waiter Music con grandes constructoras como FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr y OHL, así como con Metro de Madrid, por una cuantía total que superaba el medio millón de euros. A juicio del magistrado, la posición de privilegio de la empresa estuvo vinculada a su proximidad con cargos públicos del PP en la Comunidad de Madrid durante la época en la que Granados ejercía un notable poder político en la región.