La DGT implantará radares móviles con ruedas en tramos de riesgo

La Dirección General de Tráfico planea incorporar el próximo año un nuevo modelo de radares móviles, similares a los utilizados en Francia, con el fin de reforzar el control en tramos especialmente peligrosos como las zonas de obras.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado esta medida durante la presentación del balance de siniestralidad vial del verano, destacando que estos dispositivos permitirán una vigilancia más eficaz en puntos donde la reducción de velocidad es crítica para evitar accidentes y proteger a los trabajadores.

Para evaluar su viabilidad, el director general de Tráfico, Pere Navarro, viajará próximamente a Francia, donde este tipo de radares ya se emplean con éxito. Según ha explicado el ministro, estos dispositivos están montados sobre plataformas con ruedas, lo que permite su rápida reubicación allí donde se detecte un mayor riesgo para la circulación o la integridad de los operarios en carretera. En Francia, ya funcionan más de un centenar de estos radares, que han demostrado ser eficaces en el control de velocidad en tramos temporales o especialmente delicados.

Marlaska ha anunciado también la instalación de 120 nuevos radares en 2025, de los cuales 72 ya se han puesto en funcionamiento durante este verano. Pese a este refuerzo, la seguridad aérea se ha visto comprometida desde el 1 de septiembre, cuando los nueve helicópteros de vigilancia de la DGT quedaron inoperativos por la expiración del contrato de mantenimiento. El titular de Interior ha asegurado que estas aeronaves volverán a estar operativas en breve, participando nuevamente en las labores de control del tráfico.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido responsabilidades a la Dirección General de Tráfico por no haber adjudicado a tiempo el nuevo contrato de mantenimiento, lo que ha dejado en tierra a toda la flota de helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos. El sindicato considera que esta situación es consecuencia directa de la dejadez de los responsables, que han permitido que el contrato expire sin previsión ni planificación adecuadas.

En paralelo, el Gobierno pretende reducir la tasa máxima de alcohol permitida en sangre para conductores de los actuales 0,5 gramos por litro a 0,2. Marlaska ha instado al Parlamento a acelerar su tramitación, asegurando que se trata de una cuestión de salud pública y seguridad vial inaplazable. El ministro ha revelado que el 48% de las autopsias realizadas a conductores fallecidos indican consumo de alcohol, drogas o psicofármacos. Con dureza, ha señalado que incluso una sola cerveza puede afectar los reflejos y provocar consecuencias mortales para otros usuarios de la vía.