Felipe VI recibe a García Ortiz en plena polémica por su posible enjuiciamiento

El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de La Zarzuela al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en un encuentro protocolario que se ha producido apenas dos días antes del solemne acto de apertura del año judicial, previsto para este viernes en la sede del Tribunal Supremo. La cita, que habitualmente inaugura con formalidad el curso judicial, llega en esta ocasión envuelta en una evidente controversia por la situación procesal del máximo representante del Ministerio Fiscal.

Durante la audiencia, de tono serio y sin grandes gestos, García Ortiz ha hecho entrega al monarca de la memoria anual de la Fiscalía, documento que recoge los datos sobre criminalidad y delincuencia registrados durante el último ejercicio. Este tipo de reuniones previas al acto institucional de apertura del curso forman parte del protocolo habitual entre la Jefatura del Estado y el Ministerio Público.

García Ortiz volverá a coincidir con el Rey este viernes en la sede del Alto Tribunal, donde pronunciará un discurso como fiscal general del Estado, pese a encontrarse a un paso del banquillo. El Ministerio Fiscal se enfrenta así a una situación sin precedentes en democracia, con su máximo responsable pendiente de seis acusaciones populares que solicitan para él entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación por un presunto delito de revelación de secretos.

La causa gira en torno a la difusión de datos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso. Entre las entidades que han solicitado la apertura de juicio oral se encuentran el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la asociación Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, así como otros colectivos cívicos y partidos políticos como VOX.

El fiscal general llega al acto institucional respaldado por el Gobierno. Este mismo lunes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendió públicamente su inocencia en una entrevista televisiva, asegurando que "no se puede abrir un juicio a una persona sin ninguna prueba". Sánchez se refirió al voto particular que cuestiona el auto de procesamiento y afirmó que la supuesta filtración "no se ha podido probar".

Además, el presidente arremetió contra lo que denominó una minoría de jueces “haciendo política”, unas declaraciones que han causado un profundo malestar en el ámbito judicial. Numerosos magistrados han interpretado estas palabras como un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, en un momento de tensión institucional entre el Ejecutivo y la carrera judicial.