La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Isabel González ha negado que "conspirara" para paralizar la investigación sobre las actividades de su hermano, el expresidente madrileño Ignacio González, en la denominada operación Lezo, en la que también están involucrados su otro hermano y su marido.
En unas breves declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid antes del inicio del Pleno, la parlamentaria ha negado las informaciones que afirman que ella había "conspirado para paralizar una investigación judicial que se estaba llevando a cabo", en referencia al caso Lezo.
"No es en absoluto verdad", ha afirmado.
En unas grabaciones recogidas por la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid y publicadas por varios medios, Isabel González hablaba de una posible investigación judicial con sus hermanos Ignacio y Pablo.
En su comparecencia, de pie (lo que en el argot periodístico se conoce como canutazo) y en la que no ha admitido preguntas, la diputada ha explicado que ante la "angustia" y la "preocupación" que le produjo conocer esta investigación, se lo transmitió a su hermano, como cree que hubiera hecho cualquier persona en sus circunstancias.
"En ningún caso conspiré ni paralicé nada, de hecho no estoy siendo investigada ni imputada ni he sido llamada a declarar como testigo", ha indicado.
Con todo, ha señalado que si acabara investigada por corrupción dimitiría, en aplicación del código ético firmado por ella y por el resto de parlamentarios del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid con el que se comprometen a dejar su acta en este supuesto.
"Lo que hice es lo que hubiera hecho cualquier ser humano en unas circunstancias como las mías", ha concluido en su declaración, donde ha estado al borde del llanto.
Los dos hermanos de la diputada, Ignacio y Pablo González, comparten celda en la cárcel madrileña de Soto del Real después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictara para el primero de ellos prisión sin fianza y para el segundo prisión eludible bajo el pago de 4 millones de euros.
Ignacio González fue presidente del Canal de Isabel II, cuyas prácticas irregulares investiga esta operación, mientras que Pablo González fue directivo de Mercasa, empresa pública cuya sede fue registrada por efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Por su parte, el marido de Isabel González, Juan José Caballero, llegó a estar también encarcelado tras su detención en el caso Lezo, pero logró salir de prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez.