El Ayuntamiento confía en que el Ministerio de Justicia desaloje a La Ingobernable

El Ayuntamiento de Madrid ha reiterado este jueves su política de "tolerancia cero" hacia las okupaciones de espacios públicos y ha exigido que el Ministerio de Justicia, propietario del nuevo inmueble tomado ayer por el colectivo 'La Ingobernable', desaloje el edificio, situado junto al Museo del Prado.

Después de haber sido desalojado en noviembre de 2019 del edificio de la calle Gobernador que el Ayuntamiento de Madrid ahora quiere ceder a una fundación para hacer un museo judío, en la tarde del jueves el colectivo social 'La Ingobernable' ocupó el edificio situado en el número 4 de la calle Alberto Bosch.

La portavoz municipal, Inmaculada Sanz (PP), ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento "no tiene competencia" para desalojar el inmueble okupado por La Ingobernable porque "es propiedad" del Ministerio de Justicia y "son ellos los que tienen que proceder al desalojo".

"Desde luego confiamos en que se haga. Madrid no puede ser una ciudad que esté a expensas de que quieran ocupar de manera ilegal cualquier tipo de colectivo", ha dicho a los periodistas ante una pregunta sobre si el Ministerio de Juan Carlos Campo ha contactado al Ayuntamiento para abordar la situación.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida exige a las autoridades competentes que desalojen el número 4 de la calle Alberto Bosch, y ha reiterado la política de "tolerancia cero" con la okupación del Gobierno municipal de coalición de PP y Ciudadanos.

El pasado 13 de noviembre de 2019 cuando el Ayuntamiento de Madrid desalojó la "cuna" de este colectivo, ubicado en la calle Gobernador con el Paseo del Prado, y que era el último edificio municipal okupado en la capital tras el reciente desalojo de La Dragona, junto al cementerio de La Almudena.

'La Ingobernable' comenzó a funcionar el 6 de mayo de 2017 cuando varios ciudadanos ocuparon un edificio vacío, propiedad del Consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa, Ana Botella (PP), había cedido a la Fundación Ambasz para demolerlo y edificar en su lugar un museo.

En 2018, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena recuperó el edificio para el patrimonio municipal, para lo que tuvo que abonar 1,4 millones a la Fundación Ambasz como indemnización.