Marruecos acelera. La última iniciativa es la puesta en marcha del megapuerto Nador West Med una superestructura portuaria en la que Rabat ha invertido cerca de 5.000 millones de euros.
La regularización de cerca de medio millón de inmigrantes, la mayoría hispanoamericanos, que llevan años en España sin papeles, trabajando de forma irregular, cobrando en negro, sin derechos, con miedo e inseguridad, carne de cañón para empresarios sin escrúpulos, fue objeto de una Iniciativa Legislativa Popular respaldad por 700.000 firmas, presentada en el Congreso, admitida a trámite y aprobada hace casi dos años por todos los grupos políticos a excepción de Vox.
Leo en las previsiones meteorológicas basadas en los estudios de la Aemet que febrero va a traernos nuevas borrascas.
El Gobierno nos presenta la regularización masiva de inmigrantes, decidida el pasado martes, como un gesto de humanidad y de respeto a los derechos humanos.
La innegable habilidad de la concurrida asesoría monclovita para encontrar enemigos de peso para Pedro Sánchez ha vuelto a ponerse de manifiesto: nuevo encontronazo en las redes frente a Elon Musk, quizá el hombre más rico del mundo, y sin duda el más desvergonzado y provocador.
A estas alturas de la narrativa, la una y la otra, no estoy dispuesto a recordar la guerra civil española como una historia de buenos y malos.
Evitaré cometer la imprudencia, o el exceso, de decir que José Luis Ábalos, ex poderoso, es un reflejo de la clase política española, porque probablemente sería, además, injusto.
El jueves 29 de enero de 2026 en la agenda oficial del Presidente del Gobierno no constaba ningún acto.
No hay embajada de los países de la Unión Europea en Madrid que, en esta semana que termina, no haya enviado ya un informe sobre la urgente españolización (y europeización) de entre 500.000 y 800.000 inmigrantes, sin identificación hasta ahora.
Definitivamente, somos el país de los líos. Nos enredamos siempre en lo que debería ser más fácil, el culto a nuestros muertos, la unidad en el dolor.
Creo firmemente que los ciudadanos están hartos de que los políticos digan que asumen las responsabilidades políticas de un hecho, pero que eso no se traduzca en nada: ni dimisiones ni ceses ni medidas para evitarlo ni reclamación de daños.
Entiendo que a Vox la regularización de medio millón de inmigrantes, que alimentaban la economía 'sumergida', le parece fruto del "odio de Pedro Sánchez a los españoles", y por eso quiere sustituirlos por gentes venidas de otras latitudes, gentes quizá -esto no lo dice el partido de Abascal, pero se les entiende todo- de piel más oscura, con otras costumbres.
Dentro de diez días se celebrarán elecciones en Aragón. Esta comunidad autónoma, por sus características sociológicas y demoscópicas -una gran capital: Zaragoza, ciudad populosa con un entorno comercial muy activo y un territorio regional de población diseminada a modo de retrato a escala de la "España vaciada"- , más una notable diversidad, también, de partidos políticos, parece que reproduce los elementos que establen una suerte de retrato que refleja y anticipa el sentido prevalente del voto en España tanto en los comicios autonómicos como en las elecciones legislativas.
El Gobierno de España se esfuerza en desacreditar cualquier bajada de impuestos, pero la realidad no se cansa de desmontar ese discurso.
A su paso por Davos (Suiza), Donald Trump dijo que Europa le debe a los Estados Unidos más de lo que ellos han recibido de Europa.
Si yo me comportara como un irresponsable, y me atreviera a injuriar a la Fiscal General del Estado, Excelentísima Señora doña Teresa Peramato, y afirmara que que se nota que es amiga del fiscal condenado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, por un decreto en el que Álvaro García Ortiz sigue en la carrera fiscal, como si no hubiera recibido ninguna condena, estaría claro que esa injuria me costaría serios disgustos, con razón, ya que -es muy posible- que no pudiera seguir escribiendo en este periódico.
Vienen los vientos mediáticos cargados de absurdos debates sobre la dimisión del ministro de Transportes.
Para averiguar cuál debería ser la respuesta institucional ante una tragedia: respeto, un tiempo de silencio, aparcar las críticas o denunciar de errores desde el primer momento, hay que acudir a la memoria de las que ya hemos sufrido en España.
MADRID 25 Ene.
El sindicato de Maquinistas de Renfe ha convocado una huelga, tras la tragedia de Adamuz y el accidente de Gélida.
Si hay alguna ocasión en la que la máxima autoridad política, es decir, el presidente del Gobierno, debe acudir a dar explicaciones en el Parlamento es, precisamente, esta: hace una semana se produjo una de las peores tragedias ferroviarias en la historia reciente de España y los responsables del Ministerio de Transportes, los organismos afectados y todo el país debaten, en medio de la incredulidad y el escepticismo ciudadana, sobre las causas, las consecuencias y las medidas a adoptar.
Se cumple una semana del trágico accidente ferroviario de Adamuz que costó la vida a 45 personas y, lejos de avanzar hacia la verdad, asistimos a una sucesión de comparecencias destinadas más a confundir que a esclarecer.
Si hiciésemos caso, que esperemos que no, a la dirigente de Podemos, Ione Belarra, habría que cambiar el nombre del aeropuerto de Madrid-Barajas, que se bautizó como Adolfo Suárez.
No hay nada que pueda mitigar la amargura infinita que acompañara de por vida a Cristina, la niña de seis años que perdió a sus padres y a su hermano en la tragedia ferroviaria de Adamuz y por la que lloraron los asistentes al funeral celebrado este jueves en el pabellón de deportes de Aljaraque (Huelva).
El trágico descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) ha subido a la superficie las carencias de los sistemas de seguridad en los trenes y las vías por las que circulan los convoyes de Alta Velocidad.