A vueltas con la inmigración

La última iniciativa del Gobierno que permitirá la regularización de la estancia hasta ahora ilegal en España de medio millón de inmigrantes abre las puertas a la polémica. En el caso del PP porque, según alguno de sus dirigentes, pone en peligro la seguridad en nuestro país, va en contra de la normativa de la UE y provocará un efecto llamada. Rechazo frontal, también, en el caso de VOX. Subrayan que la medida legaliza la "invasión migratoria" abriendo la puerta a la delincuencia. El Gobierno, en expresión del Presidente Sánchez, defiende la medida señalando que los emigrantes que se van a beneficiar de la medida "ya forman parte de nuestra vida cotidiana". Idea que en palabras de Félix Bolaños ministro de Justicia "permitirá que contribuyan a la Seguridad Social y Tributen a Hacienda".

Un aspecto de la cuestión añade, por decirlo así, un grado más de controversia. Es el relativo al procedimiento para que el aspirante a la regularización puede acreditar que no tiene antecedentes penales. El Gobierno dice haber tenido en cuenta la recomendación del Consejo de Estado que señalaba que el decreto no es concluyente en esta cuestión. Porque sí al final, ante la imposibilidad de acreditación documental de carencia de antecedentes, se admite que será suficiente la declaración del interesado la cosa se presta a posibles engaños.

Por lo demás y por encima de la cuestión de fondo: si conviene o no a los intereses del país, no es cosa menor que se haga recurriendo a la vía del decreto en vez de llevar la iniciativa al Parlamento en forma de proyecto de ley.

Que una medida de la trascendencia y consecuencias que aparejará la regularización masiva de inmigrantes vaya a convertirse en norma y ley sin haber sido sometida a debate en el Parlamento, describe la deriva del actual Gobierno que intenta eludir el control democrático de sus actos y empaña una iniciativa que tiene aspectos positivos. Entre otros -como a otros efectos dijo en su día Adolfo Suárez - "elevar a la categoría de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal". El problema es que Pedro Sánchez predica que esta medida ha vencido la polarización pero, al tiempo, impide debatirla en el Parlamento por temor a que alguno de sus socios se descolgara votando en contra.

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