Definitivamente, somos el país de los líos. Nos enredamos siempre en lo que debería ser más fácil, el culto a nuestros muertos, la unidad en el dolor.
Creo firmemente que los ciudadanos están hartos de que los políticos digan que asumen las responsabilidades políticas de un hecho, pero que eso no se traduzca en nada: ni dimisiones ni ceses ni medidas para evitarlo ni reclamación de daños.
Entiendo que a Vox la regularización de medio millón de inmigrantes, que alimentaban la economía 'sumergida', le parece fruto del "odio de Pedro Sánchez a los españoles", y por eso quiere sustituirlos por gentes venidas de otras latitudes, gentes quizá -esto no lo dice el partido de Abascal, pero se les entiende todo- de piel más oscura, con otras costumbres.
Dentro de diez días se celebrarán elecciones en Aragón. Esta comunidad autónoma, por sus características sociológicas y demoscópicas -una gran capital: Zaragoza, ciudad populosa con un entorno comercial muy activo y un territorio regional de población diseminada a modo de retrato a escala de la "España vaciada"- , más una notable diversidad, también, de partidos políticos, parece que reproduce los elementos que establen una suerte de retrato que refleja y anticipa el sentido prevalente del voto en España tanto en los comicios autonómicos como en las elecciones legislativas.
El Gobierno de España se esfuerza en desacreditar cualquier bajada de impuestos, pero la realidad no se cansa de desmontar ese discurso.
A su paso por Davos (Suiza), Donald Trump dijo que Europa le debe a los Estados Unidos más de lo que ellos han recibido de Europa.
Si yo me comportara como un irresponsable, y me atreviera a injuriar a la Fiscal General del Estado, Excelentísima Señora doña Teresa Peramato, y afirmara que que se nota que es amiga del fiscal condenado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, por un decreto en el que Álvaro García Ortiz sigue en la carrera fiscal, como si no hubiera recibido ninguna condena, estaría claro que esa injuria me costaría serios disgustos, con razón, ya que -es muy posible- que no pudiera seguir escribiendo en este periódico.
Vienen los vientos mediáticos cargados de absurdos debates sobre la dimisión del ministro de Transportes.
Para averiguar cuál debería ser la respuesta institucional ante una tragedia: respeto, un tiempo de silencio, aparcar las críticas o denunciar de errores desde el primer momento, hay que acudir a la memoria de las que ya hemos sufrido en España.
MADRID 25 Ene.
El sindicato de Maquinistas de Renfe ha convocado una huelga, tras la tragedia de Adamuz y el accidente de Gélida.
Si hay alguna ocasión en la que la máxima autoridad política, es decir, el presidente del Gobierno, debe acudir a dar explicaciones en el Parlamento es, precisamente, esta: hace una semana se produjo una de las peores tragedias ferroviarias en la historia reciente de España y los responsables del Ministerio de Transportes, los organismos afectados y todo el país debaten, en medio de la incredulidad y el escepticismo ciudadana, sobre las causas, las consecuencias y las medidas a adoptar.
Se cumple una semana del trágico accidente ferroviario de Adamuz que costó la vida a 45 personas y, lejos de avanzar hacia la verdad, asistimos a una sucesión de comparecencias destinadas más a confundir que a esclarecer.
Si hiciésemos caso, que esperemos que no, a la dirigente de Podemos, Ione Belarra, habría que cambiar el nombre del aeropuerto de Madrid-Barajas, que se bautizó como Adolfo Suárez.
No hay nada que pueda mitigar la amargura infinita que acompañara de por vida a Cristina, la niña de seis años que perdió a sus padres y a su hermano en la tragedia ferroviaria de Adamuz y por la que lloraron los asistentes al funeral celebrado este jueves en el pabellón de deportes de Aljaraque (Huelva).
El trágico descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) ha subido a la superficie las carencias de los sistemas de seguridad en los trenes y las vías por las que circulan los convoyes de Alta Velocidad.
¿Cuánta confianza suscita el ministro de Transportes en los viajeros? Mejor no responder hasta conocer lo que dicen algunas encuestas en marcha.
En esta etapa de incertidumbre ante el futuro han surgido en España entusiastas batallones de personas dispuestas a juzgar históricamente a los muertos.
Hay que frenar. No hace ni dos meses escuché al ministro de Transportes, Oscar Puente, decir que España va a adelantar a los chinos en cuanto a la alta velocidad de los trenes, y nuestros aves 'volarán' a 350 kilómetros por hora.
Bajo la línea de flotación que mira la gente (relato mediático de consumo rápido) crecen los intangibles.
En tiempos de crisis y tránsito, hay que volver a los clásicos. En "La República", Platón se hace eco de una frase de Trasímaco, que hoy es más actualidad que nunca: "lo justo es lo que conviene al más fuerte".
Los hechos son tenaces. Poco ha durado la tregua en relación con el descarrilamiento de trenes en Adamuz que se ha cobrado la vida de 42 personas.
El trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo por la noche en Adamuz ha vuelto a colocar en primer plano una cuestión incómoda que durante años se ha esquivado con cifras parciales y anuncios grandilocuentes: la insuficiente inversión real en la infraestructura ferroviaria española.
Es pronto para conocer con certeza el origen del fallo que desencadenó el trágico choque de trenes ocurrido en la provincia de Córdoba que provocó la muerte de cuarenta personas y más de cincuenta heridos.
Es turno para el relato, no para la opinión. Al relato fáctico se ha incorporado la respuesta del Gobierno a una pregunta del Partido Popular formulada en el Senado, después de que se hubiera registrado una incidencia en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba que cuestionaba la eficacia de las tareas de mantenimiento en las vías.