Opinión

Tras ocho años dedicados a la instrucción, juicio y redacción de una procelosa sentencia de más de 400 folios, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados por la desastrosa salida a Bolsa de Bankia.

Estos representantes nuestros nunca dejarán de sorprendernos. Resulta que está el país entristecido, con sensación de hallarse al borde del colapso, y en las instituciones madrileñas de lo que se debate es sobre la retirada o no de las estatuas de Indalecio Prieto y de Largo Caballero.

En España nos hemos cargado la presunción de inocencia y cualquiera es culpable incluso antes de ser acusado, investigado o imputado, aunque los jueces no hayan dicho la palabra final.

Escuchando a algunos de los diputados cuyo lenguaje delata vulgaridad y falta de recursos dialécticos se llega a la conclusión de que para ser dirigente de algunos de los partidos representados en la Cámara lo único que se necesita es mala educación.

Las sentencias judiciales se acatan, pero porque no queda más remedio, aunque, en puridad, los únicos obligados a acatarlas son los concernidos en ellas. El resto de la ciudadanía lo que puede hacer, en virtud del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del mismo que le asiste, es proclamar su acuerdo o su desacuerdo con las resoluciones de los jueces, tantas veces falibles al provenir de criaturas humanas, tan propensas de suyo a equivocarse.

Nunca se pudo imaginar Ada Colau que, aupada a la alcaldía de Barcelona sobre los ladrillos de su movimiento en contra de los desahucios, se encontraría con que el presidente de la Generalitat se iría a transformar en un okupa.

Una ola de pesimismo documentado avanza en el sentir de la ciudadanía. Se generaliza la percepción de que la pandemia desborda la capacidad de respuesta de los poderes públicos.

Los bares no son imprescindibles; el personal sanitario, sí. Ahora y siempre. Sin embargo, los bares se abrieron, y quien dice los bares dice las discotecas, los garitos, los salones de bodas, comuniones y bautizos, los locales de juego y de apuestas, los chiringuitos o los "beach-club" donde se bebe el champán a gollete, en tanto que la contratación de personal médico y de enfermería se cerró a cal y canto, como si éste verano el virus se hubiera apuntado a la jarana y se hubiera olvidado de herir y matar.

El ministro de Justicia cuenta que el Gobierno decidió excluir al Rey del acto judicial en Barcelona el pasado viernes sobre todo por dos razones: por la cercanía del 1 de octubre, tercer aniversario de aquella triste jornada de falso referéndum y efímera declaración de independencia en Cataluña, y también ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo que, dicen que por unanimidad, confirmará la inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat.

La ofensiva contra la Monarquía desplegada por los dirigentes de Podemos, partido que forma parte del Gobierno de España, no tiene precedentes. Es, en sí misma, un acto de deslealtad por cuanto tanto el vicepresidente Pablo Iglesias, como el ministro Alberto Garzón, al acceder al Gobierno prometieron cumplir las obligaciones del cargo con respeto a la Constitución y lealtad al Rey.

Los hechos son muy claros. Como todos los años, y desde hace 20 consecutivos el Rey, desde hace ya algunos Felipe VI, tiene previsto viajar a Barcelona al acto solemne de la Judicatura en que se hacen entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces.

La próxima semana vencen los ERTE, la prestación por cese de actividad de los autónomos, las ayudas a los hipotecados y alquilados. También la fecha que la Constitución Fija para entregar en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado.

Ha sido la que ahora concluye una semana dramática, pródiga en malas noticias, en acontecimientos que han desestabilizado aún más el ya precario equilibrio político. El enfrentamiento ha enterrado cualquier brote de consenso; los contagios por el virus, sobre todo en Madrid, cabalgan incontrolados en medio del caos; y un aroma a indisciplina asfixia al Gobierno y, de paso, al país en su conjunto.

El alto porcentaje de tontos contemporáneos que existen en España por kilómetro cuadrado no está comprobado de manera empírica, pero se comienza a sospechar que, o bien ha habido un notable aumento en los últimos meses, debido a la pandemia, o puede ser debido a que un gran número de ellos se ha introducido en puestos públicos, y las tonterías contemporáneas son mucho más notorias por la relevancia que adquieren sus iniciativas a través de la tribuna que proporcionan las instituciones.

La política no es un oficio fácil. A la audacia en la acción, la puntería para adoptar decisiones y la valentía para llevarlas a cabo, un servidor público debe sumar una cierta habilidad para saber comunicar sus actuaciones y para escoger convenientemente el contexto y el momento en los que lo hace.

No ha habido Presidente del Gobierno de España que no se haya visto en la necesidad de pactar. El pacto, el acuerdo es consustancial a la democracia misma, máxime cuando no se tiene mayoría absoluta.

La ausencia del Rey del importante acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que se celebra este viernes en Barcelona, no solamente quiebra una tradición: significa también un nuevo paso atrás en la representatividad y funciones de la Jefatura del Estado.

Tras el movimiento apaciguador que supuso el encuentro de Pedro Sánchez con la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, parece que las aguas del frentismo vuelven a su cauce.

El espacio destinado al público más alejado del escenario recibe dos nombres bien disímiles, según sea la empresa o el propio público quien aluda a él. Para la primera, esas alturas himaláyicas de los grandes teatros y de los desaparecidos cines de barrio, son el Paraíso, en tanto que para sus usuarios naturales, los espectadores de pocos posibles, son el Gallinero, pero, sea cual fuere el nombre que se le quiera dar, ese espacio remoto y empinado de fondo de saco es el reducto del pueblo, y en el exclusivo y elegante Teatro Real de Madrid esa circunstancia tenía que estallar, y más en las actuales circunstancias, por algún lado.

La cancelación de la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces que se celebrará el próximo viernes en Barcelona -donde tiene su sede la Escuela Judicial-, es un hecho que por falta de explicación, desconcierta.

Todavía van y vienen por los circuitos políticos y mediáticos de la banalizada vida pública nacional las declaraciones del teniente fiscal, Luis Navajas, en entrevista radiofónica con Carlos Alsina.

Uno, en su invencible optimismo, cree ver en esa comparecencia conjunta de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en el patio de la Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid, un indicio de distensión, de acercamiento entre orillas que hasta ahora eran acérrimas enemigas.

Estamos gobernados por incapaces, por verdaderos inútiles para la alta función que desempeñan. Ninguno de ellos, y que me perdonen las excepciones, dan la talla mínima, ni la demostraron en su vida antes de la política, si es que tuvieron alguna, ni la han demostrado ya en el poder para resolver ningún problema sino para empeorarlo.

Dice Martínez Almeida, el alcalde de la ciudad escindida por decreto, que no hay madrileños de primera y de segunda. Lo dice, claro, tratando de apagar los fuegos de Ayuso, particularmente este último del confinamiento de los barrios pobres de la capital, cuyos votos, por cierto, no teme perder, pues nunca los tuvo.