Opinión

En España no son pocas las voces alertando acerca de la deriva autoritaria de Pedro Sánchez por el retorcimiento de las leyes: forzó la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajó las penas por malversación para favorecer a los golpistas catalanes, socios parlamentarios de su investidura; por su tendencia a colonizar las instituciones y por inmiscuirse en la vida de las empresas como fue el caso de Telefónica o la OPA del BBVA al Banco de Sabadell.

Quizá no hayamos valorado tanto como merece la ceremonia de entrega este miércoles de los Premios Princesa de Girona en el Palacio del Liceu de Barcelona, con asistencia del president de la Generalitat y de numerosas personalidades de la vida social, económica y artística (y hasta futbolística) de Cataluña.

La dimisión de Noelia Núñez de todos sus cargos —el escaño en el Congreso, la portavocía del PP en Fuenlabrada y su puesto en la dirección nacional del partido— es una decisión que honra, al menos, el principio de responsabilidad. Ha cometido un error, lo ha reconocido públicamente y ha actuado en consecuencia. Ha dejado de representar a los ciudadanos tras admitirse que su currículum incluía afirmaciones que no se correspondían con la realidad de su formación académica. Es lo que se espera de quien ejerce un cargo público. Ni más, ni menos.

Han pasado dos años. ¿De gobierno o desgobierno? ¿Progresista o sectario? ¿De una mayoría sólida o de un chantaje permanente y de cesiones que ponen en riesgo la democracia y el Estado de Derecho? Este es un presidente y un gobierno: Sin mayorías que le apoyen y le sostengan y, por tanto, sin autonomía real.

No acierto a perimetrar las causas de que un asunto recurrente en los Juzgados de Familia (¿o alguien piensa que lo de Juana Rivas es especial?) se haya convertido en un culebrón que abre los telediarios y conmueve a la sociedad española.

La estadía gratis total de Isabel Díaz Ayuso y sus familiares en un chalet de la Comunidad de Madrid sito en el término de Rascafría ha producido, como es lógico, consternación y perplejidad, pero no sólo porque en el estatuto que regula su cargo no se menciona que pueda usar inmuebles de titularidad pública para sus expansiones privadas, sino porque en sus explicaciones tras ser pillada ha comparado lo suyo, para exculparse, con la utilización que el presidente del Gobierno o los ministros pueden hacer de esos espacios, en Lanzarote, en Doñana, en Quintos de Mora, para la que por ley sí están autorizados.

Este miércoles, 23 de julio, concluyó una etapa en el maléfico calendario político que nos domina.

Despedimos la primera parte del curso político constatando la debilidad parlamentaria del Gobierno que, por falta de apoyos en el último pleno antes de las vacaciones, tuvo que tragarse dos de sus proyectos estrella: la llamada "ley Bolaños" sobre la reforma de la Justicia y el último intento de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral.

Reyes Maroto exige que el Ayuntamiento de Madrid pida perdón por retirar los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero. Lo dice sin pestañear, con el aplomo de quien cree estar haciendo justicia histórica y no una ofensa a la verdad. Como si fueran figuras ejemplares, demócratas cabales, luchadores por la libertad. Como si la historia se pudiera tergiversar con un par de declaraciones institucionales y una placa.

Desde el año 2000, la industria ha perdido protagonismo en la economía española.

Siete veces llevamos contadas del rechazo de la Unión Europea a incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales.

Me confieso impactado por la excelente, rigurosa y oportuna pieza informativa firmada este lunes por Manuel G.

Sánchez, con tal de no asomar por una calle de España, se ha ido de gira a Iberoamérica para verse allí con los presidentes de Chile, Boric; de Colombia, Petro, ambos a un pelo de dejarlo de ser, y Lula da Silva, de Brasil.

Cuando Cristobal Montoro amenazaba a todo quisque, salvo al parecer a las gasísticas, le salía una risilla de conejo.

"Sin Presupuestos no se puede gobernar y si no se pude gobernar hay que convocar elecciones".

Pedro Sánchez fía su resurrección política al ámbito internacional porque en España ni puede salir a la calle ni hay ningún acto público en el que, salvo que lo rellenen sólo con militantes socialistas con autobús gratis y bocadillo de nocilla incluido, no salga abucheado e insultado.

Presumiblemente, Pedro Sánchez no estará este martes en el último pleno del Congreso de la temporada -nada excesivamente relevante, excepto la 'leña' que PSOE y PP se van a dar a cuenta del 'affaire Montoro'--, ni en la que quizá sea última o penúltima reunión del Consejo de Ministros del período de sesiones.

El sector eléctrico español atraviesa uno de sus momentos más críticos en años.

Que España ha perdido peso en política exterior, al menos con respecto a los tiempos de Felipe González y Aznar, es una evidencia.

A reserva del progreso de las investigaciones del juzgado de Tarragona que se ha hecho cargo del caso ha trascendido que Cristóbal Montoro y otras 27 personas están bajo la lupa de la Justicia acusados entre otros presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad documental y corrupción en los negocios.

Tantas ganas le tenían a Cristóbal Montoro propios y extraños que el culebrón destapado hace ocho años por el ABC y por el Congreso no añade nada nuevo al hermanamiento de populares y socialistas en el mismo pecado de la indolencia política frente a la corrupción.

Confieso que me irritan quienes, en su afán legítimo de criticar a un Gobierno obviamente criticable, insisten en los males que aquejan a la política económica española.

El PSOE habla de corrupción como si no llevara en su ADN el saqueo institucional desde hace décadas. El PP le responde con el dedo acusador, mientras esconde bajo la alfombra cientos de causas abiertas, piezas separadas, sobresueldos y cajas B. Y vuelta a empezar. “Tú más”. “Tú peor”. Esa es la miseria política en la que se ha instalado el bipartidismo español: una guerra de fango en la que ambos bandos chapotean con comodidad. Porque el fango es su medio natural.

Lo de ir, cada no sé cuantas semanas, a la Unión Europea, a pedir que el catalán sea declarado oficialmente una lengua, y así poder pagar a una docena de traductores --paga España, claro-- es ridículo y, su persistencia, sumamente estúpida.