Opinión

Nadie podía sentarse, y mira que muchos lo deseaban, en el escaño azul de Pedro Sánchez, acordonado y vetado a la curiosidad o el morbo de los centenares de personas que visitaban el viernes el Congreso de los Diputados en la 'jornada de puertas abiertas' ya tradicional en las fechas previas a la celebración de otro aniversario, el 44, de la Constitución.

El Gobierno de España se ha convertido ya definitivamente en un auténtico gallinero. Si hacemos caso a las sucesivas declaraciones del presidente y nos lo creemos, las elecciones generales serán dentro de un año.

Tiene sentido referirse al Tribunal Constitucional como "Tercera Cámara". Y no por la coincidencia de siglas sino por su carácter abierto al debate y la pluralidad. Nada que ver con el dogma civil de la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Un día, creo que en Roma, viéndome indeciso ante un pobre de pedir, me dijo Francisco Vázquez -el que fuera embajador ante el Vaticano y tantos años un muy querido alcalde de La Coruña- que él, mientras estuvo al frente de la alcaldía, procuró crear centros de acogida, pero que recomendaba a sus paisanos que no dieran limosnas.

Es evidente que vivimos una crisis política e institucional de dimensiones importantes. En el Ejecutivo, donde se aprecian graves fallos y una descoordinación cercana al caos que hace preciso un urgente golpe de timón.

El jefe del Ejecutivo y todos sus ministros de la rama económica se han encargado durante meses de asegurar a los españoles que nunca en España tendríamos apagones. El suministro está garantizado, nos decían.

Mientras el país se endeuda cada día más, y los niños nacen cada día menos, siempre encontramos entretenimiento, porque nunca falta un ministerio de guardia redactando una ley que supere en disparate a la anterior y provoque divertidos comentarios.

Que en España tenemos grandes problemas que exigen un debate serio, sereno, y un pacto de Estado es indiscutible. Aunque no son esos los que el Gobierno tiene sobre la mesa ni debate el Parlamento.

Esta semana hemos conocido un dato que debería hacer saltar todas las alarmas. La deuda pública ha superado otro récord, los 1,5 billones de euros. A cualquier gobierno le debería poner en guardia, replantearse lo que está haciendo y buscar soluciones.

Doña Araceli Poblador Pacheco era muy forofa de Pedro I, El Mentiroso, y su fervor le llevó a abandonar la enseñanza y ejercer de subdelegada del Gobierno, en Alicante. Ha prohibido una manifestación, recordando el fusilamiento, en Alicante, de José Antonio Primo de Rivera, con un argumento estremecedor, y es que en la manifestación podría haber desórdenes públicos.

Pocas veces como ahora el país ha necesitado más una oposición fuerte pero moderada, insistente y contundente, imaginativa. El caos en el que viven el Ejecutivo, el Judicial y, hasta cierto punto, también el Legislativo hace imprescindible una reacción que no acaba de llegar.

Tal vez habría que empezar por eso de "qué buen vasallo si hubiese buen señor" del Cantar del Mío Cid, pero de eso ya hablamos todos los días. Me refiero hoy a los "vasallos", o dicho de otra manera a los veintidós ministros de este Gobierno y a su trabajo.

Si los médicos de urgencias, los pediatras y los de atención primaria de Madrid y otras regiones van a la huelga el próximo día 21, los pacientes no lo notarán, por desgracia, exageradamente: la infame situación de la Sanidad Pública, que en Madrid tiene su máximo y más deplorable modelo, les concede apenas cinco minutos para ser atendidos, reconocidos y diagnosticados por sus médicos, y eso si sus dolencias no precisan de tratamiento urgente, pues en ese caso es muy probable que no dispongan ni de esos cinco minutos porque no encuentren médico ninguno en el centro sanitario de urgencias precisamente.

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma de las reglas fiscales con la idea de que se apliquen en 2024. Habría sanciones para los incumplidores de los objetivos de deuda y déficit, una senda de gasto público con relación a la deuda de cada Estado con el límite del 60% del PIB, un tope de déficit público del 3% del PIB y un plazo máximo de 7 años para su cumplimiento si eres como España un país con una gran deuda y te comprometes a hacer reformas o a invertir en propuestas previamente marcadas por Bruselas.

Hace un par de noches, el travieso de Vicente Vallés, en el informativo de Antena 3, encadenó una serie de declaraciones de ministras y asimiladas, donde todas coincidían en señalar un mismo sufrimiento: se están dejando la piel.

Diríase que lo que más preocupa a Núñez Feijóo es que le pase lo mismo que a su predecesor a los mandos del PP: que se lo meriende Ayuso. Sin embargo, no debería preocuparle esa posibilidad: ya se lo ha merendado.

El Gobierno lleva meses recibiendo palos sobre la pésima gestión que está realizando del dinero ya recibido de los fondos europeos. Han venido a España auditores de la Unión Europea, la portavoz de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha puesto a España a caer de un burro, las empresas se quejan de que no llega el dinero y las Comunidades Autónomas de que no hay un sistema informático donde volcar datos y que lo hacen a mano.

A mí los únicos bancos que me caen simpáticos son los bancos de los jardines públicos, y los uso en raras ocasiones, porque prefiero pasear a sentarme. Los otros no tengo más remedio que usarlos, porque prefiero vivir en un régimen capitalista que en uno comunista, donde los bancos nacionalizados estarían dirigidos por un camarada, amigo del camarada secretario general.

Aseguran que la 'operación Garzón' (Baltasar) salvó al PSOE de la derrota en 1993. Felipe González ganó por la mínima, con la decisiva ayuda, estiman muchos, del entonces 'magistrado estrella', abruptamente designado 'número dos' en la candidatura socialista por Madrid, desplazando a Javier Solana.

Unidas Podemos celebra estos días la llamada universidad de otoño. Es un foro que reúne a los dirigentes con la militancia y en el que establecen líneas estratégicas y abren un proceso que culminará con la elección de candidatos a las elecciones autonómicas y municipales que se celebraran el próximo mes de mayo.

No es la primera vez que escribo una crónica sin citar su nombre: no me merece siquiera la pena. Es un tsunami constante dentro del Gobierno. Ha impulsado una 'ley trans' que nadie quiere suscribir en los términos desastrosamente antijurídicos que su Departamento ministerial ha redactado.

Los españoles nunca mostraremos suficiente agradecimiento a doña María Jesús Montero Cuadrado por haber renunciado a ejercer la Medicina. La actual ministra de Hacienda, hace años, en un rapto de generosidad que, repito, nunca le reconoceremos bastante, decidió dedicarse a la política, y eso supone que nadie, jamás, tendrá que pasar por su consulta.

Cada sesión de control al Gobierno en el Congreso se convierte en un minidebate sobre el estado de la nación, con el Gobierno y el PP disparándose de uno a otro lado de la barricada. La de este miércoles no fue una excepción, pero a base de clavetear los respectivos argumentarios.

La legislatura se hace larga y en algunas de las acciones que impulsa el Gobierno se aprecia intranquilidad. Es evidente que ante el barrunto de un posible vuelco electoral quieren cerrar a toda costa el proceso de renovación del CGPJ con la vista puesta en la posterior elección de los dos magistrados de tendencia progresista que pueden situar en el Tribunal Constitucional.