Cuando escuché a la ministra de Hacienda calificar de "preciosos" los Presupuestos Generales del Estado, sentí cierto alivio y me alegré por ella. Alivio, porque a pesar de los denodados y perseverantes esfuerzos para que todas las mujeres sean indeleblemente progresistas -calcadas las unas de las otras- todavía se conservan expresiones tradicionales de antaño, sin que haya que pedir perdón.
Claro, un congreso de un partido es como un mítin prolongado durante tres días: consiste en tratar de que los aplausos al candidato sean más ruidosos y prolongados que en el congreso o mítin anterior.
Hace ya mucho que la sesión de control al Gobierno de los miércoles se convirtió en la sesión de insultos al Gobierno, pero al hemiciclo donde habita esa oposición deslenguada y montaraz le ha salido, según el actual jefe de ésta, un duro competidor: la calle.
Estos días se ha celebrado la Semana de la Educación Financiera. Con este motivo se han celebrado numerosos actos. En todos ellos han participado expertos que han incidido en la necesidad de que los españoles desde la infancia cuenten con más y mejor información sobre cómo manejarnos con los conceptos básicos de la economía.
Esta delirante izquierda que llevamos unos años sufriendo, tras abjurar de sus principios y doctrinas, está pariendo unos nuevos mandamiento progrecráticos donde entre otros engendros ha venido a sustituir aquello de "Honrarás a tu padre y a tu madre" por un "Insultarás a tus abuelos y antepasados como si no hubiera un mañana".
Yolanda Díaz es una figura emergente, y Podemos un partido en declive. Teniendo en cuenta que las relaciones desiguales siempre terminan igualándose por abajo, que la política gallega lo sabe y que no le puede emocionar gran cosa la perspectiva, cabe inferir, sin necesidad de mayores dotes adivinatorias, que dicha relación pudiera tener sus días contados, por mucho que la vicepresidenta segunda del Gobierno figure nominalmente como la actual lideresa de la formación morada.
Descentralizar el poder a través del traslado de las sedes de algunas de las instituciones o de otros organismos residenciados en la capital de España, en esencia, no es una mala idea.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 han pasado el primer filtro político. Los socios de gobierno se han puesto de acuerdo y ahora esperan convencer a los grupos necesarios para que salgan adelante en el trámite parlamentario.
Dentro de muy poco, sobre todo en las grandes empresas, habrá que crear un Cuerpo de Inspectores de Miradas para evitar el acoso de las mujeres por parte de los machos. Según el protocolo que lleva adelante el Ministerio de Igualdad, del que está al frente Irene Montero -esa fina intelectual, que ha descubierto el heteropatriarcado- las miradas pueden ser objeto de acusación por acoso laboral.
España tiene un grave problema de acceso a la vivienda. Es un drama intergeneracional, pero afecta especialmente a los más jóvenes. Una sofisticada bomba que conecta materiales explosivos: trabajos precarios, sueldos bajos, precios disparados en el ladrillo y crédito hipotecario restringido.
Los socios de la coalición de gobierno han llegado a un acuerdo sobre las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la nueva Ley de la Vivienda. De las cuentas públicas no sabemos gran cosa, a pesar de que el Gobierno ha sobrepasado ya el plazo constitucional para su presentación en el Congreso de los Diputados que terminó el 30 de septiembre.
No acabo de comprender por qué se extraña nadie, sobre todo los periodistas, de lo que le ha sucedido a Iván Redondo. Le pasa sencillamente lo que a todos. Lo que le pasará a su jefe y al 90% de los políticos.
La ministra de Transición Ecológica ha tenido finalmente que tirar la toalla. Rivera, después de meses sin hacer nada que lograra rebajar la tarifa de la luz, ha decidido que tiene que hablar con todos los sectores implicados para modificar la formación de los precios y acabar con la pesadilla diaria del precio de la luz.
Imagínense, por un momento, que la Casa Real de España solicitara un nuevo repostero para la cocina de palacio. Y que no se tratara de una convocatoria de tapadillo, "sotto voce", sino algo natural en cualquier empresa que requiere cubrir, o bien una vacante, o bien un puesto de nueva creación.
Hace justo 90 años, el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931, las Cortes Constituyentes de la II República debatieron el sufragio femenino. La diputada Clara Campoamor lo defendió ante un parlamento que ocupaban 470 hombres y una sola mujer, Victoria Kent.
El ministro de la Seguridad Social parece no encontrar su sitio en la política. Tampoco en el Gobierno. Su perfil técnico le ha causado ya varios disgustos. El último a cuenta de las pensiones, aunque sobre este importante asunto, no es el primero.
Adriana Lastra fue defenestrada como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, debido a que su intensidad crítica, acompañada de unas maneras de verdulera sincera y en acción (con disculpas al gremio de verduleras, incluida una amiga mía) no parecían lo más adecuado para un partido cuyo secretario general miente e insulta con unas formas mucho más palaciegas y cortesanas.
La vicepresidenta económica nos contó el pasado martes que la economía va como un tiro desde el mes de marzo. De hecho, al presentar el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, no ha cambiado su previsión de crecimiento para este año que está fijado en el 6,5%.
La ministra del asunto está preparando un decreto para perseguir a los ciudadanos crueles que disparen contra un lobo en la península. El futuro decreto está avalado incluso por el Consejo de Estado, pero en sus largas explicaciones hay un apartado que me llenó de estupefacción: solicitar una partida presupuestaria para poder saber ¡el censo de lobos en España! Es decir, que se recarga de argumentos, supuestamente científicos, la necesidad de proteger a una especie en peligro de extinción, pero sin saber, en absoluto, cuántos lobos hay en España.
Una orden ministerial que incluye a los lobos en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial ha sido el último mazazo que recibe la España rural.
El Gobierno ha decidido finalmente, sin contar con los empresarios, la subida en 15 euros mensuales del SMI. Un alza que en estos momentos va a agravar las dificultades que están pasando las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que verán subir su cotización a la Seguridad Social.
Por fin en la agenda política y mediática mandan las cosas de comer. Un enjambre sísmico que puede dar lugar a un otoño caliente. A saber: el precio de la luz, el salario mínimo para trabajadores cosidos al mileurismo, la prolongación de los ERTE (arropamiento público a empresas y asalariados más expuestos a las consecuencias de la pandemia), un paso más en la reforma del mercado laboral, el uso de los fondos europeos en su componente de cohesión social, etc.
Ni el adversario más acérrimo hubiera diseñado mejor el innecesario lío en el se ha metido el PP. Un lío incomprensible en el peor momento imaginable. En tiempos en los que el principal partido de la Oposición crece en las encuestas y ultima los preparativos de una Convención que pretende ser la puesta en marcha tanto de la próxima campaña electoral como el refrendo sin fisuras del liderazgo de Pablo Casado, justo ahora surge un debate inexplicable para propios y ajenos.
En el mundo de la demoscopia sólo resulta inapelable el recuento final de los votos en la noche del día en el que se celebran las elecciones. Hasta ese momento todos los sondeos no son más que conjeturas.